Dejé de contar los días exactos que pasaron luego del impacto del huracán María hace mucho. ¿Por qué? Porque no veo la hora en que el martirio termine, especialmente con el asunto de la energía eléctrica.
Desde el paso de María (y en casos extremos desde Irma), muchos puertorriqueños han tenido que hacer malabares para mantener sus casas, negocios, hospitales y hasta escuelas a flote sin contar con el servicio de energía eléctrica. Muchos tenían o terminaron comprando plantas eléctricas de diésel, gasolina o de gas para poder "regresar a la normalidad", mientras que otros se resuelven con bolsas de hielo.
Pero ahora a más de dos meses del paso del huracán y sin tener el servicio de energía, el gobierno de Puerto Rico busca crear la "Ley de Control Regulación de Ruidos en Puerto Rico (P del S. 721)" con el fin de regular el ruido de as plantas eléctricas en periodo nocturno. Esto quiere decir que cualquier persona que tenga una planta eléctrica que genere un ruido de más de 90 dB de presión sonora entre el periodo de las 10:01 p.m. a 6:59 a.m. recibirá una multa de $250.
Aquí hay muchas cosas que aclarar. ¿Qué pasa si las plantas eléctricas más fáciles de conseguir para la ciudadanía (en términos económicos), son aquellas que se exceden de los 90dB de presión sonora? ¿Qué pasa si un padre o madre tiene un familiar cuya condición física depende de la energía que esa planta eléctrica genera, las 24 horas del día? ¿Les dirán que la apaguen en horas de la noche sin importar en cómo le pueda afectar en la salud de ese familiar? ¿O los multarán?
¿Y qué pasará con los negocios que operan durante la noche? ¿Harán que estos hagan ajustes en sus horarios de servicio para cumplir con la ley, encima de que tienen que considerar el hecho de que todavía no hay luz? ¿También harán lo mismo con los hospitales? ¡Ah, cómo se me puede olvidar! Me imagino que forzarán a aquellos que no tengan planta, a que compren la más cara para que puedan cumplir con la ley.
También me imagino que, de aprobarse la ley, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), y el Departamento de Seguridad Pública (DSP), tendrán personal con el conocimiento que se requiere par inspeccionar las casas, industrias y comercios y verificar si todos están cumpliendo con la ley.
Como diría la alcaldesa del municipio de San Juan, Carmen Yulín Cruz, "If you want to kill us, just say it!". ¿No es más fácil ahorrarse todo este papelón político y enfocarse en lo que realmente importa? La economía y el turismo de Puerto Rico se mueve a base de la energía eléctrica. El país no necesita una medida como esta para "atemperar la ley a la realidad que vivimos". ¡Puerto Rico necesita luz para volver a la normalidad! Hay que dejar las novelas políticas y buscar soluciones reales al problema que estamos enfrentando.
Un país no se levanta si el mismo gobierno le pone el pie para que tropiece con cada paso que da. Se acerca el 15 de diciembre y todavía el país no tiene un nivel de energía estable para decir que sobrevivieron a la catástrofe. Ya me imagino su excusa, "es que no habían materiales para trabajar. Ahora fue que llegaron". Sí, ajá. ¡A otro perro con ese cuento!
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